OPINIÓN
Texto: Cristina Calandre Hoenigsfeld.

Fuente: LQS.

Moles y Negrín, entre otros.

Moles, con otros académicos.

El articulo 62j de la Constitución Española dice que el Rey tiene el Alto Patronazgo de las Reales Academias (1). El próximo 30 de enero de 2019 tendrá lugar un acto solemne de reparación, en memoria de siete académicos de la Real Academia de Ciencias, represaliados durante la dictadura, con presencia de la Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo (2). Este no es un acto más de reparación, pues al estar la Real Academia bajo el patronazgo de la monarquía, este da su aprobación a una reparación que implica la anulación de unas sentencias franquistas y a dar por ilegales esos tribunales que se formaron en dichas instituciones, para acordar la caducidad de los académicos que no cumplían con los requisitos publicados en el BOE de 2 de enero de 1938 desde Burgos, firmado por Francisco Gómez Jordana (3). Los requisitos para ser readmitidos, era prestar un juramento que decía:

“…Señores académicos: juráis en Dios y en nuestro Ángel Custodio servir perpetua y lealmente al de España, bajo imperio y norma de la tradición viva…en su catolicidad que encarna el Pontífice de Roma, en su continuidad representada por el Caudillo, salvador de nuestro pueblo…”

Respuesta del académico: «Sí, juro».

En el apartado II de esta orden, se exponían los trámites para el reingreso en las academias, a través del Instituto de España, bien en su primera sesión, prestando el juramento. En el apartado IV se especifica la perdida de la condición de académico “si no se asiste un semestre a las sesiones a partir del día 6 de enero… y que estén regulada su situación administrativa…”. Luego el BOE público en 1939, las prórrogas que se contemplaron. Lo que pasaba es que muchos de los académicos estaban en el exilio o la cárcel, como Enrique Moles.

Al devolver ahora a estos académicos su condición de tales, se reconoce la ilegalidad de esa orden desde Burgos, y la nulidad de sus sentencias, por parte de esas reales academias del Instituto de España. Algunos de los siete académicos homenajeados pertenecían a la Junta Para Ampliación de Estudios (JAE), como Ignacio Bolívar, que fue su presidente en 1934-39.

Una vez aceptado esta rehabilitación, por parte del Instituto de España y de la Monarquía, se debería derogar el decreto ilegal de 19 de mayo de 1938, que disolvía a la JAE, pasando sus bienes al Instituto de España, y que luego este traspasaría por ley, el 24 de noviembre de 1939 al recién creado Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC).

Como sabemos, dicha JAE siguió funcionando e investigando, en los territorios republicanos de Madrid, Valencia y Barcelona, hasta el final de la guerra, el 1 de abril de 1939, bajo la legalidad de la Constitución Republicana de 1931, siendo su delegado en Madrid, el doctor Luis Calandre Ibáñez.

Con esta reparación a los siete académicos, y nulidad de sus expulsiones, por parte de la Real Academia de Ciencias exactas, física y naturales, que está bajo el alto patronazgo del Rey y su Constitución, se reconoce la legalidad republicana, ya que dichos académicos tuvieron su nombramiento en el año 1934, con la II República y su Constitución, que les han sido restituidos.

Podemos concluir, que la Constitución monárquica de 1978 enlaza con la Constitución republicana de 1931, (a través de la reparación de estos académicos), reconociendo su legalidad, esto que se conoce como de Ley a Ley, abriendo nuevas perspectivas.

Notas:
1.- Constitución de 1978. Título II. De la Corona
2.- Acto de desagravio a los académicos represaliados por la dictadura.
3.- B.O.E. 438. Burgos
-.- B.O.E. 177. Página 3473
-.- B.O.E. 310. Página 6246.

[Los académicos homenajeados son Ignacio Bolívar Urrutia, Blas Cabrera Felipe, Honorato de Castro y Bonel, Pedro Carrasco Garrorena, Enrique Hauser y Neuburger, Emilio Herrera y Linares y Enrique Moles Ormella].

Acerca de TiempodeHistoria

Editor: Fernando Sígler Silvera. Doctor en Historia (UNED). ISSN 1885-6691. Copyright 2018.

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