ARTÍCULO DE OPINIÓN
Texto: Cristina Calandre Hoenigsfeld

Hoy, miércoles 28 de junio del 2017, en las Cortes Generales, el Rey Felipe VI daba un discurso solemne para conmemorarlos 40 años de las elecciones generales del 15 de junio de 1977, haciendo una gran defensa de la Transición ante los diputados y personalidades, como Martin Villa, Felipe González, José María Aznar, etc. (1).
Ese mismo día, en el Parlament de Catalunya, tuvo lugar un pleno donde se aprobó, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios (incluido el PSC), excepto PP y Ciudadanos, la Ley de “Reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo”, en donde se declaran nulas las sentencias de los tribunales franquistas, ya que eran ilegales y en consecuencia sus procesos y sentencias eran nulas y sin efectos jurídicos (2).

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Del 26 al 30 de junio de 2017 se celebra en La Habana (Cuba) el V Simposio Internacional de Historia de la Masonería Latinoamericana y Caribeña, con motivo del 300 aniversario de la fundación de la masonería moderna. Este simposio, que se desarrolla en la Alianza Francesa de Cuba, Prado y Trocadero (Centro Habana), ha sido organizado por el Centro de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña (CEHMLAC), la Cátedra Transdisciplinaria de Estudios Históricos de la Masonería Cubana “Vicente Antonio de Castro” (CTEHMAC), adscrita a la Casa de Altos Estudios “Don Fernando Ortiz”, de la Universidad de La Habana; la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana; el Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española (CEHME) de la Universidad de Zaragoza; la Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña (REHMLAC+), adscrita a la Universidad de Costa Rica; y la Academia de la Historia de Cuba.
Este evento cuenta con la presidencia de honor de José Antonio Ferrer Benimeli (profesor emérito de la Universidad de Zaragoza) y la presidencia de Eusebio Leal Spengler (historiador de la ciudad de La Habana) y Eduardo Torres-Cuevas (presidente de la Academia de Historia de Cuba).
El comité académico está integrado por Miguel Guzmán Stein (Universidad de Costa Rica), Mª Eugenia Vásquez Semadeni (Universidad de California, EEUU), Yván Pozuelo Andrés (Universidad Laboral de Gijón, España) y Rogelio Aragón (Universidad Iberoamericana de México).
El comité organizador está formado por Javiher Gutiérrez Forte (presidente), Yasmin Ydoy Ortiz y Claudia Suárez Torres.

 

LVI Congreso de Americanistas.

LVI Congreso de Americanistas.

Del 15 al 20 de julio de 2018 se celebra en la Universidad de Salamanca el LVI Congreso Internacional de Americanistas (ICA), cuyo lema es «Universalidad y particularismo en las Américas». El objetivo de este evento, organizado por el Instituto de Iberoamérica de la universidad salmantina, es reflexionar sobre “la dialéctica entre la universalidad y los particularismos en la producción de conocimiento, un diálogo en el que la necesidad de conocer los particularismos de los fenómenos sociales, políticos, artísticos y culturales obliga a formular nuevas hipótesis que enriquecen y replantean las grandes teorías generales de las ciencias y las humanidades”. Según los organizadores, “el carácter interdisciplinar e inclusivo que ha caracterizado al ICA desde su inicio en 1875, como un congreso de estudios de área en sentido completo, hace aún más significativa esa dinámica de producción de conocimiento. El ICA reúne a investigadores que estudian el continente americano, desde Alaska hasta Tierra de Fuego, incluyendo el territorio del Caribe, a partir del análisis de su política, economía, cultural, lenguas, historia y prehistoria”. El 20 de octubre de 2017 se cierra del plazo de presentación de propuestas ponencias.

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Cartel del evento.

Cartel del evento.

Los días 4 y 5 de julio de 2017 se celebra en Vitoria-Gasteiz el XXIII Simposio del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, con el título de “Welfare, previsión social y mundo del trabajo. Europa, del siglo XIX a nuestros días“. Según los organizadores, el objetivo de este evento es promover un “encuentro internacional que aborde las esferas públicas y provadas de la previsión social y la construcción del llamado estado de bienestar, con sus implicaciones en las relaciones laborales desde el siglo XIX”. Participan “especialistas europeos que se asoman a las temáticas planteadas desde la historia social, la historia político-institucional y otras disciplinas”. Se trata, según los promotores, de “una buena ocasión para tender puentes entre contextos académicos, compartir pautas y dinámicas metodológicas y analíticas, y aprender sobre el tratamiento de esos objetos de investigación en clave transnacional y multidisciplinar”.

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Profesores de Historia Contemporánea de las universidades andaluzas han publicado una “Declaración de Rechazo” a la destrucción por el procedimiento del expugno de “cerca de un millón de expedientes judiciales” por parte de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, que califica dichos documentos “antiguos y sin valor”. La declaración de rechazo dice así: “El pasado 3 de mayo de 2017, fue publicada una nota en la página web de la Junta de Andalucía de la que se hacía eco la prensa provincial, regional y nacional. Se comunicaba que ‘cerca de un millón de expedientes judiciales antiguos y sin valor’ sería ‘destruido para liberar espacio en los archivos’. En concreto, se especificaba que la Consejería de Justicia e Interior iba a “eliminar 966.460 expedientes judiciales carentes de valor contenidos en 20.077 cajas, tal como acordó el pasado 26 de abril la Junta de Expurgo, órgano integrado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y la Consejería de Justicia e Interior, con el objetivo de liberar espacio en los archivos de los juzgados y tribunales de la comunidad”. No era la primera vez pues, como se apuntaba en la nota, con este serán ya ‘cerca de cinco millones los documentos judiciales carentes de valor destruidos en Andalucía desde 2012, cuando se puso en marcha este proyecto para eliminar expedientes de juicios de faltas y diligencias previas de entre los años 1945 y 2000’. Los historiadores y las historiadoras abajo firmantes queremos manifestar nuestro malestar por esta medida. No lo hacemos porque el procedimiento seguido no sea legal sino, al contrario, porque advertimos a la sociedad en general y a la Administración en particular que se está procediendo a la destrucción de una valiosa documentación histórica que es parte de nuestro patrimonio histórico”.

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ARTÍCULO DE OPINIÓN
Texto: Cristina Calandre Hoenigsfeld
27 de mayo del 2017

Pujol entrega a Fernández Díaz un premio en 1999.

Pujol entrega a Fernández Díaz un premio en 1999.

No se podía imaginar el exministro del interior del Partido Popular Jorge Fernández Díaz que dos peticiones de la Comisión que preside en el Congreso de los Diputados (1) tendrían que ver con un tema que él conoce, desde 1999. Remontándonos a ese año, el ministro de Educación y Cultura era Mariano Rajoy, actual presidente del Gobierno. Su secretario de Educación e Investigación era entonces Jorge Fernández Diaz, y por tal motivo recogió el premio “Blanquerna” (2) que dio la Generalitat de Catalunya a la Residencia de Estudiantes. Fue la entrega en el hotel Ritz de Madrid, de manos de Jordi Puyol, President de la Generalitat (ver foto).
En ese año 1999, empezó a ser presidente de honor de la Fundacion Residencia el Príncipe Felipe (4), y ya se estaba finalizando la “ejemplar rehabilitación” de los pabellones y jardines de la Residencia de Estudiantes, que habían comenzado en el año 1990; finalizaron en 2001. Se dedicó básicamente dicha rehabilitación a a destruir un búnker, vestigio arqueológico, que se hizo construir por la II República, para proteger a los milicianos infectados de malaria en el Hospital de Carabineros que dirigió mi abuelo Luis Calandre en 1937-39. Como ya está demostrado, dicha rehabilitación estuvo plagada de ilegalidades, y esto lo escribí y publique en una comunicación a un Congreso internacional organizado por el Cefid-Universitat Autonoma de Barcelona en el año 2011, con el título de “Recuperando el refugio antiaéreo de la Residencia de Estudiantes, recuperaremos a la republicana Junta Para Ampliación de Estudios (JAE)” (5).

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Invitación.

Invitación.

El viernes 21 de abril de 2017, a partir de las 19 horas, se celebra en la librería de Humanidades de Marcial Pons, en Madrid (Plaza del Conde del Valle de Suchil, 8), una mesa redonda titulada “Leer Historia”, organizada con motivo del Día del Libro y en el marco de las actividades de “La Noche de los Libros”. En este acto hablan de sus respectivas experiencias los historiadores Fernando Bouza y Gonzalo Ruiz Zapatero y los lectores Manuel Chamorro y Vicente Muñoz.

Representantes de asociaciones españolas de Historia difundieron el 31 de marzo de 2017 el siguiente comunicado: “Reunidas en Madrid, exigimos la retirada de los baremos que desarrollan el Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo, que modifica el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. La ANECA ha venido haciendo públicos los nuevos criterios de acreditación desde el mes de diciembre pasado, aun cuando todavía no se conozcan en su integridad, y abrió la solicitud de nuevas acreditaciones en las condiciones dichas. Los nuevos criterios atentan contra la transparencia en el procedimiento y el rigor científico en la evaluación. En su conjunto representan un endurecimiento desproporcionado de las condiciones para acceder a la función pública, con la inevitable consecuencia de precarizar todavía más la carrera docente e investigadora de las nuevas generaciones. De hecho, parecen pensados para ralentizar hasta extremos inadmisibles el acceso a la condición de profesorado permanente en el caso de aquel de más reciente ingreso y de impedir la promoción del ya consolidado”.

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El historiador canario Miguel Ángel Cabrera Acosta, profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de La Laguna, ha cuestionado lo afirmado por los autores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García en su libro 1936: Fraude y Violencia, editado en 2017 por Espasa y del que informó el 12 de marzo el diario El Mundo. Según dichos autores, las elecciones del 16 de febrero de 1936, que dieron el triunfo al Frente Popular, se falsearon especialmente en Santa Cruz de Tenerife y Málaga. Sin embargo, Miguel Ángel Cabrera Acosta afirma, en un artículo de David Sanz publicado en Diario de Avisos el 14 de marzo de 2017, que aunque hubo reclamaciones por fraude y aunque “pudo haber indicios de algunos casos de manipulación de las actas electorales, en lugares determinados, desde luego el fraude electoral no alcanzó el nivel suficiente como para que se pueda afirmar que influyó de manera decisiva en los resultados electorales”. Miguel Ángel Cabrera Acosta, que es autor del libro Las elecciones a Cortes durante la Segunda República en las Canarias Occidentales, editado en 2004 por Ediciones Idea, basó su investigación en la documentación de la Junta Electoral, conservada en el Archivo de la Mancomunidad, consistente en las actas electorales de todos los municipios y toda la documentación relativa a las reclamaciones.

AHC

AHC

La Asociación de Historia Contemporánea difundió el 7 de marzo de 2017 el siguiente comunicado: “El plagio es una de las más irresponsables, dañinas y perjudiciales prácticas profesionales que asolan hoy la disciplina de la historia. Y no existe otra forma de respuesta que la denuncia pública de la acción, la censura intelectual de las obras y la penalización profesional de quienes, con deshonestidad, hurtan (plagiare) y secuestran (plagiarius), expropiando el trabajo de los demás y presentándolo como propio. «A decir verdad, mentir es un vicio maldito», escribió Montaigne en sus Ensayos. Dentro de la corporación de historiadores, parece cierto que no hay mayor mentiroso que el plagiario. Distinguiéndose de la amplia tipología de las malas prácticas –integrada, entre otros, por los falsarios, mitificadores, prolépsicos, memoralistas de la identidad, negros, historiadores de partido y revisionistas cuyas vinculaciones con los más degradantes usos públicos de la historia abundan en el descrédito de la disciplina–, los robos, trampas, argucias y engaños de los plagiadores cuentan con una larga historia de rechazo absoluto que podemos identificar con el nacimiento de la moderna erudición en el siglo XVI y la difusión del ideal de la cultura del «hombre honesto». Esta tradición de humanismo cívico, que defendía la autenticidad, la originalidad y la autoría, había de conducir a finales del siglo XIX a la normalización disciplinar y a la creación de la ética científica en la historia. La formación paulatina de lo que la reciente historia de la historiografía denomina academic self o academic virtues, está en la base del edificio científico que sustenta la función social de los historiadores en el siglo XXI”.

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